PLAN NACIONAL DE ACCIÓN

Huila

La experiencia de la comunidad de Tarqui


MEDIO AMBIENTE: UN DERECHO COLECTIVO ESENCIAL PARA LOS HABITANTES DEL HUILA

Comunicaciones
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Al lado de la Cordillera Central, a tan solo unos pasos del río Magdalena y rodeada por el verde impotente de la naturaleza se encuentra la población de Tarqui, uno de los municipios del centro del departamento de Huila. Al lado de la cotidianidad de sus gentes, marcada por el esfuerzo de las labores del campo, surge una comunidad que no solo brilla por su capacidad de organización y su sentido de pertenencia, sino también por la fuerza y el compromiso con que defienden y construyen día a día un patrimonio común para todos sus habitantes, para sus hijos, y de paso, para la humanidad entera.

Ese patrimonio común, vital para los ciudadanos de Tarqui y los de muchos otros municipios del departamento, se ha convertido en un aspecto central en la construcción y puesta en marcha de los planes de acción en derechos humanos elaborados en el marco de la Estrategia de Descentralización de la política pública de derechos humanos y DIH. El derecho a un medio ambiente sano, consignado en la Constitución política colombiana, en instrumentos internacionales de derechos humanos, defendido por organizaciones de todo tipo alrededor del mundo, es para los habitantes del Huila, y en particular para los de Tarqui, un derecho colectivo que hace posible que derechos fundamentales como el de la vida o el derecho al trabajo, se hagan realidad.

La violencia intrafamiliar, la ausencia de estrategias de formación en DDHH o de sensibilización de las comunidades y de sus líderes frente a acciones en el campo de los derechos humanos, pero también la urgencia de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, son problemáticas consignadas en los diferentes diagnósticos sobre la situación de los derechos de gran parte de los municipios huilenses. Por esta razón muchas de las iniciativas propuestas apuntan a sensibilizar y empoderar a las comunidades de los cascos urbanos y de las zonas rurales para que reconozcan la biodiversidad y los recursos naturales disponibles, defiendan el medio ambiente y prevengan la destrucción de ese patrimonio colectivo.

En Agrado, por ejemplo, se pretende a través de campañas educativas dirigidas a los niños y adultos mitigar el impacto ambiental causado por la expansión agrícola. Para generar una cultura de la protección del medio ambiente, Guadalupe propone en su plan de acción “Mingas ecológicas”, mientras que el propósito de la comunidad de Isnos es adelantar una campaña radial con el nombre de “Oxígeno y vida para la generación de futuro”. En Pital y Tarqui las acciones consignadas en los planes apuntan a recuperar las microcuencas o generar una cultura de conservación de áreas protegidas. Generar sentido de pertenencia es esencial para los habitantes de Saladoblanco, en tanto que para los de San Agustín la conformación de una red de promotores del derecho al medio ambiente es su estrategia central.

Este particular énfasis en la protección del medio ambiente como parte esencial de los planes de acción en derechos humanos de este departamento tiene una razón de ser. Gran parte de la vida social, económica y cultural del Huila se desarrolla en las veredas y zonas rurales, al tiempo que sus habitantes son herederos de un fuerte sentido de pertenencia y amor por la tierra. En el caso particular de Tarqui, expresiones de organización social como las Asambleas Constituyentes y el liderazgo de sectores de la comunidad educativa y de las organizaciones juveniles se convierten en el escenario donde esos valores tienen un desarrollo y se hacen tangibles a través de iniciativas como clubes de medio ambiente, cabildos verdes y asociaciones de defensa de ecosistemas estratégicos.

Tal vez lo más interesante del proceso de liderazgo que frente al derecho a un medio ambiente sano se ha desarrollado en esta población, ya que sus iniciativas son anteriores a la discusión de los planes de acción de acción en derechos humanos en 2005, ha sido la capacidad de materializar desde lo local principios universalmente aceptados y discutidos por la comunidad internacional de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Mundial sobre la Naturaleza, la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo o el Protocolo de San Salvador. Para sus habitantes y los líderes de las diferentes iniciativas ambientales, la exigibilidad de este derecho nace en la sensibilidad y reconocimiento de los problemas que en este sentido afectan el ejercicio cotidiano de sus derechos, pero también en el conocimiento de la normatividad, en la capacidad de gestión y sobretodo en el potencial de organización y consolidación de procesos de larga duración en este campo.

El derecho a un medio ambiente sano es un derecho que se exige desde el sentido de lo colectivo, desde la acción, pero sobre desde el corazón. Esa es la respuesta de los líderes de la comunidad de Tarqui frente a la pregunta de porqué la defensa del medio ambiente es un asunto de derechos humanos. Insisten en que no es una labor fácil, que implica compromiso, dedicación, pero también de conocimientos especializados. Saben que las comunidades de las veredas donde trabajan no requieren de sensibilización porque conocen de sobra los problemas y parte de las soluciones, pero si de recursos, organización y gestión para enfrentar la contaminación de las fuentes de agua, la tala de bosques y la destrucción de elementos propios del ecosistema en que interactúan como las especies de fauna y flora nativa, algunas de ellas en peligro de extinción.

Durante la última década, algunos de sus habitantes han conformado organizaciones y generado escenarios de trabajo para hacerle ver a la comunidad de Tarqui, tanto del casco urbano como de las veredas, que el sentido de pertenencia y el amor por la tierra se traduce en una necesidad colectiva, donde elementos vitales como el agua y los árboles son la base de la convivencia y el desarrollo comunitario. Primero fue el Cabildo Verde, un grupo de líderes y ciudadanos que tuvo su núcleo en las aulas de la institución educativa del municipio, el que promovió caminatas ecológicas y charlas educativas en el tema con diferentes miembros de la comunidad educativa. Luego el grupo ecológico Los Samarios, integrado por estudiantes y maestros, es el que continúa el proceso de fortalecer los conocimientos y promover el compromiso de los niños y jóvenes tarqueños con los recursos naturales de su localidad.

Iniciativas recientes como la creación de un club ecológico y de la Asociación de defensores comunitarios de la Serranía de Las Minas tienen en estas experiencias y en el surgimiento de la Asamblea Constituyente de Tarqui, importantes puntos de referencia. De la semilla sembrada en los primeros grupos defensores y promotores del medio ambiente, especialmente en los jóvenes y en los campesinos de las diferentes veredas, y en las acciones de empoderamiento del ejercicio ciudadano que promueve la Constituyente, se generan las condiciones de liderazgo que estas organizaciones y algunos lideres comunitarios detentan frente a la defensa y ejercicio de este derecho colectivo.

Los líderes zonales de la Constituyente, por ejemplo, saben que su papel de promotores y gestores de la defensa del medio ambiente en las veredas es definitivo. Están en la capacidad de interpretar las necesidades de la comunidad porque conviven directamente con los problemas del campo, y saben de sobra que para quiénes trabajan la tierra en Tarqui proteger los recursos naturales, en particular las fuentes de agua, es garantizar mejores condiciones de vida, una alimentación sana y la salud para todos. Reconocen que el uso inadecuado de los recursos naturales o la contaminación también son factores generadores de conflictos entre campesinos, afectando la convivencia pacífica y la armonía en las relaciones de vecindad. Saben que la clave del proceso que lideran está en un esfuerzo comunitario donde se integren las necesidades y capacidades colectivas y el uso adecuado de los recursos comunes, sin atentar contra los derechos humanos de otros.

También la conformación de la Asamblea Constituyente de Tarqui se convierte en punto de partida para gestar y consolidar uno de los procesos ambientales más importantes de la región. La Asociación de Defensores comunitarios de la Serranía de las Minas, organización campesina sin ánimo de lucro que nace de la preocupación de los habitantes de 26 veredas de los municipios de Oporapa, La Argentina y Tarqui por el deterioro del patrimonio natural biológico, tuvo su punto de partida en iniciativas de capacitación en derechos humanos gestadas al interior de la Asamblea Constituyente.

12 líderes comunitarios capacitados como promotores del medio ambiente son los que abren el camino de esta iniciativa campesina, la cual cuenta actualmente con la participación activa de 56 familias de estos tres municipios que hacen parte de la Serranía de Las Minas. Desde su creación hace dos años, la Asociación ha construido directamente con las comunidades un diagnóstico sobre los problemas que en este campo los afectan y adelantado ejercicios de priorización y planificación de las acciones necesarias para alcanzar su objetivo central, es decir, generar y sostener proyectos que permitan mejorar la calidad de vida e integrar activamente a todos los sectores de la comunidad en torno a la protección de este ecosistema.

La Asociación ha desarrollado también acciones de prevención como aislamientos de nacimientos de agua para recuperar especies de vegetación nativa, y gestionado proyectos y recursos tanto a nivel del gobierno departamental como de organismos internacionales de cooperación. Fruto de esta gestión, los defensores de la Serranía de Las Minas junto con organizaciones indígenas y campesinas de Andulbio en la cuenca alta del río Cauca, la Asociación Campesina Asiesco de la cuenca alta del río Bedón, Paletará, Quintana y Coconucos y la asociación campesina Asocampo, ejecutarán un proyecto conjunto de conservación y rehabilitación ambiental en el Macizo Colombiano.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales e instituciones ambientales de los departamentos de Huila y Cauca y el gobierno holandés, busca generar un fuerte impacto en cerca de 800 familias de las comunidades que habitan en estos ecosistemas del Macizo colombiano a través de acciones de conservación de más de 50 hectáreas de nacimientos de agua, de producción sostenible en 50 hectáreas más, de capacitación en gestión ambiental de alrededor de 50 promotores comunitarios y de la conformación de una red de gestión ambiental, entre otras actividades. Para el caso de la Serranía de Las Minas, este proyecto que se implementará durante el 2006 se convierte en un escenario de gran importancia para dar continuidad al proceso ya iniciado y reafirmar el compromiso y el esfuerzo de 56 familias que trabajan desde la Asociación en la defensa de este ecosistema.

Otro de los proyectos adelantados en el campo de la promoción del derecho a un medio ambiente sano en Tarqui es el de la conformación del Club Ecológico El Sombrío Verde. Como parte de las acciones priorizadas, financiadas y desarrolladas desde el plan de acción de derechos humanos en el municipio, el Club ecológico busca promover la sostenibilidad ambiental, dar continuidad a las actividades de educación y sensibilización que se venían adelantando en el casco urbano y las zonas rurales y recuperar los procesos organizativos de la comunidad.

Con la creación del Club a finales de 2005 se cristaliza un requerimiento formulado por las comunidades que participaron en la elaboración del plan de acción en DDHH, especialmente por los habitantes de las zonas rurales: generar una cultura de la conservación de los sistemas locales de las áreas protegidas a través de líderes con capacidad de promocionar y difundir el derecho al medio ambiente. En atención a las necesidades expuestas por la comunidad, el Club ecológico trabajará en el corto plazo en actividades en torno a la arborización y el reciclaje, desde las cuales se pueda sensibilizar y a un mismo tiempo brindar herramientas útiles para descontaminar y recuperar recursos hídricos como la Microcuenca del Hígado, principal fuente de agua del municipio.

La Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo no solo reconoce que todos los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, sino que a su vez considera que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. Para los habitantes del Huila, pero sobretodo para la comunidad de Tarqui, estos principios discutidos y aceptados por la comunidad internacional son una forma de vida. Una forma de vida, y una forma de ejercer y defender sus derechos humanos. La razón es simple: para los tarqueños la esencia de las relaciones comunitarias, del disfrute de una buena calidad de vida y hasta de un futuro para las próximas generaciones sólo es posible en el reconocimiento de que el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vida, el sentido de pertenencia y la participación ciudadana también son interdependientes, pero sobretodo inseparables.

 
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