PLAN NACIONAL DE ACCIÓN

Meta

El último análisis que sobre el departamento del Meta hace el Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, se detiene en la situación actual de derechos humanos, en variables como homicidios, secuestros, masacres y desplazamiento forzado.

En el tema de homicidios, el departamento del Meta presenta una tasa mucho mayor a la nacional. Así, en 2003, La tasa nacional de homicidios fue de 52.79 homicidios por cada cien mil habitantes y el Meta tuvo una de 105.30. Un año después, los índices tanto nacional como departamental descendieron, pero la situación para el departamento fue crítica. La tasa nacional fue de 44.18, mientras la departamental fue de 91.25 por cada cien mil habitantes. La reducción en el Meta se muestra en que en 2003 se cometieron 741 homicidios, y en el año siguiente la cifra desciende a 672.

El análisis del Observatorio de Derechos Humanos y DIH, discrimina los municipios donde la situación de homicidios ha sido más preocupante. En 2003, el 26% de los homicidios se concentró en Villavicencio. En su orden, le siguieron El Castillo con 12%, Mesetas con 7%, San Juan de Arama y Acacías con 6% cada uno y Puerto Lleras y Vista Hermosa con 5%, respectivamente. En 2004, el mayor número de homicidios vuelve a registrarse en la capital del departamento con 27%, le siguen Vista Hermosa con 8% y Mesetas, Granada, Acacías y San Juan de Arama con 7% cada uno.

En comparación con la tasa nacional de homicidios, la mayoría de los municipios del Meta la superó. Las excepciones son El Calvario, Barranca de Upía, Mapiripán y Cabuyaro. Los municipios más críticos, teniendo en cuenta que en 2003 la tasa nacional de homicidios fue de 52.79 por cada cien mil habitantes, fueron El Castillo con 426.72, San Juan de Arama con 449.42 y Mesetas con 353.93. De igual forma, municipios como San Luis de Cubarral (292.91), Puerto Lleras (260.02), Fuente de Oro (254.58) y El Dorado (239.23) presentaron tasas de homicidio preocupantes.

Un año después, la tasa nacional fue de 44.18, los municipios del Meta con indicadores más alarmantes fueron los mismos pero en diferente orden. Es decir, San Juan de Arama presentó 410, Mesetas con 322.39 y El Castillo con 348.63. Municipios como Fuente de Oro con 314.62, El Dorado con 296.74, Vista Hermosa con 273.48 y San Carlos de Guaroa con 208.91 presentan también altas tasas de homicidio.

En cuanto a masacres, se presenta un aumento tanto en el número de hechos como de víctimas. En 2003 se presentaron 3 masacres que dejaron 15 víctimas. En 2004, ocurrieron cinco masacres con 24 víctimas. En el municipio de Puerto Rico se presentaron tres de las ocho masacres registradas durante los dos años, con un saldo de 16 víctimas. Villavicencio presenció tres masacres en 2004; en Lejanías y El Castillo se presentó una masacre en cada uno de los municipios durante 2003.

Aunque los secuestros disminuyeron entre 2003 y 2004, el Meta es el tercer departamento con mayor número de registros, seguido de Antioquia y Bogotá. Según el Observatorio de Derechos Humanos, en 2004 el Meta concentró el 7% del total de secuestros cometidos en el país. En 2003 se registraron 111 secuestros y se redujeron a 107 un año después. Sin embargo, el análisis del Observatorio aclara que “esta disminución es poco significativa si se tiene en cuenta que el número de secuestros en este departamento se ha mantenido por encima de los 100 plagios desde el año 2000.” Los municipios más afectados entre 2003 y 2004, fueron Granada, San Juan de Arama y Acacías, y la capital del departamento, siendo esta última la más golpeada, lo que indica – según el análisis del Observatorio de Derechos Humanos – una recrudescencia de la actividad armada de los grupos irregulares en la ciudad.

En materia de desplazamiento forzado, el estudio del Observatorio deja ver que en el departamento se presentan altos índices tanto de personas expulsadas como de personas recibidas. En 2003, 9.165 personas fueron recibidas mientras que 9.227 fueron expulsadas, pero en 2004, 6.507 fueron recibidas mientras 6.424 fueron expulsadas. Este fenómeno, explica el Observatorio, “parece indicar un alza en el arribo de personas desplazadas de otros departamentos, en particular del Caquetá y Guaviare”.

Los municipios receptores más destacados entre 2003 y 2004, fueron Villavicencio, El Castillo, La Uribe y Mapiripán. En cuanto a los municipios expulsores, los que presentan situación más crítica en 2003 son La Uribe, El Castillo, Lejanías y Mapiripán. En 2004, El Castillo, San Juan de Arama, Mapiripán y Lejanías. El Observatorio llama la atención sobre la situación del municipio de Mapiripán, con altos índices de desplazamiento tanto desde la óptica expulsora como de la receptora, debido en parte a la disputa territorial que libran las autodefensas y FARC por el control del negocio de la droga en la región.

En el tema de desmovilizados, las cifras del estudio demuestran que estas aumentaron entre 2003 y 2004 en un 4%, al pasar de 181 en 2003 a 189 en 2004.

El análisis del Observatorio de derechos humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, también menciona la situación de los sectores sociales más afectados, concentrándose en los sindicalistas, autoridades locales, alcaldes, indígenas y maestros.



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