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19/03/2015 9:05

 

Palabras del Consejero Guillermo Rivera en la audiencia 'Denuncias de ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia', en el 154 periodo de sesiones de la CIDH

Washington D.C., 19 de marzo de 2015

​Es un hecho inaceptable para el Gobierno Nacional que algunos agentes estales actúen por fuera del marco de la ley, contradiciendo el mandato constitucional encomendado. Por esta razón, desde que se tuvo conocimiento de la ocurrencia de las denominadas "ejecuciones extrajudiciales", el Gobierno Nacional no dudó en hacer públicos estos sucesos, condenarlos, instar a los órganos investigativos sobre la necesidad de judicializarlos y adoptar acciones contundentes para evitar que vuelvan a ocurrir, lo que refleja la postura de cero tolerancia del Estado frente a los mismos. 

Por eso decimos de manera categórica lo siguiente: No son una política del Estado colombiano las ejecuciones extrajudiciales y en consecuencia las rechazamos y hemos instado, instamos y seguiremos instando a las autoridades judiciales para que establezcan las responsabilidades que hubieren tenido servidores públicos con estas conductas y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

Fueron múltiples las medidas de carácter político, administrativo y preventivo que se implementaron para contrarrestar este fenómeno, entre las que se destacan la creación de una comisión de carácter transitorio para analizar las circunstancias y recomendar las medidas administrativas que debían tomarse; el retiro inmediato de algunos miembros de la fuerzas militares; el traslado de los casos a la jurisdicción ordinaria; la expedición de la Directiva 208 de 2009, en la que se ordenaba la implementación de 15 medidas de diferente índole para enfrentar la situación; la creación del Comité de Seguimiento a Denuncias; la promulgación de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del sector defensa; la publicación de la Directiva Permanente No. 7 de 2011, que adoptó 15 medidas de lucha contra la impunidad ; mediante la Directiva 142 de 2008 se determinó el reconocimiento al valor y orden público priorizando desmovilizaciones y capturas sobre las muertes en combate; el incremento de la capacitación curricular y extracurricular en Derechos Humanos a los integrantes de la Fuerza Pública y a los funcionarios judiciales en DIH; entre muchas otras disposiciones adoptadas.

Estas medidas fueron implantadas desde el más alto nivel -lideradas en su momento por el entonces Ministro de Defensa y hoy Presidente de la República, Juan Manuel Santos, reconocido por la búsqueda de la paz como herramienta para garantizar el respeto a los Derechos Humanos-, todas estas medidas generando un impacto importante desde el punto de vista operacional, preventivo y de vigilancia de los procedimientos empleados al interior de las Fuerzas Militares para garantizar la transparencia de sus actuaciones.

Así mismo, el Gobierno impulsó la implementación de acciones encaminadas a fortalecer la colaboración de los estamentos militares a los organismos de investigación, reforzándose el acompañamiento judicial a las operaciones y la obligatoriedad para la Fuerza Pública de coadyuvar a las autoridades judiciales y de control en el desarrollo de las investigaciones penales y disciplinarias.

Igualmente, es importante destacar la instauración como parámetro de definición de competencias de la Sentencia C-358 de 1997 de la Corte Constitucional, en la que se establece que ante cualquier duda con respecto a casos de violaciones de Derechos Humanos en los que se encuentren implicados miembros de la Fuerza Pública, la investigación será adelantada por la justicia ordinaria.

El acompañamiento y escrutinio de la Comunidad Internacional han sido cruciales en todo el proceso. Las visitas realizadas por representantes de Naciones Unidas a cada una de las Divisiones del Ejército Nacional; las reuniones periódicas que en su momento sostuvieron el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional y el Comandante del Ejército con el Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el fin de abordar la problemática; el acatamiento de las recomendaciones efectuadas por dicho órgano y el apoyo técnico brindado por éste al monitoreo realizado desde el Sector Defensa a la aplicación de 7 de las 15 medidas que fueron adoptadas por el Estado, son muestras claras de la voluntad política y apertura del Gobierno Nacional frente al tema .

Como resultado, los avances en la materia han sido contundentes y ampliamente reconocidos. La reducción de las denuncias derivadas de este tipo de conductas y las sentencias proferidas demuestran la eficacia de las acciones emprendidas. Los 3 últimos informes de la OACNUDH han reconocido una sustancial disminución de este fenómeno.