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19/03/2015 11:00

Palabras del Consejero Guillermo Rivera en la audiencia 'Denuncias sobre retrocesos en la legislación sobre justicia penal militar en Colombia', en el 154 periodo de sesiones de la CIDH

Washington D.C., 19 de marzo de 2015

​En el año 2006 el Doctor Juan Manuel Santos fue designado Ministro de la defensa y cuando llegó a esa cartera se encontró con una serie de informaciones que daban cuenta de presuntos graves hechos de violaciones a los derechos humanos y el DIH, por parte de miembros de la fuerza pública, que con el tiempo adquirieron la denominación de ‘falsos positivos’.

Esas informaciones fueron puestas en conocimiento, por parte del Ministro de Defensa de entonces, hoy Presidente de la República, de la justicia ordinaria y en ella se han mantenido desde aquella época, al punto de que hoy existen decisiones de fondo en los tribunales competentes. Además, el entonces Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, una vez advirtió la existencia de los inadecuadamente denominados ‘falsos positivos’ tomó las decisiones administrativas más drásticas posibles, es decir el retiro de altos oficiales de la fuerza pública.

Hago esta introducción para destacar que el más interesado en buscar que este tipo de violaciones a los derechos humanos sean investigadas y juzgadas en los tribunales correspondientes de acuerdo a la constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana es el Señor Presidente de la República de Colombia.

Hemos escuchado, leído y considerado con el mayor respeto y rigor las observaciones que desde distintos sectores se han presentado frente a los riesgos que por las diferentes interpretaciones de las reformas legislativas en curso, deriven en un traslado de investigaciones que hoy se adelantan en la justicia ordinaria hacia la justicia penal militar.

Por tal razón y dado que aún queda un trámite parlamentario por surtir, en el más alto nivel del Gobierno Nacional se están examinando y discutiendo alternativas que garanticen que las competencias de la justicia ordinaria y de la justicia penal militar sean coherentes con las sentencias de la Corte Constitucional colombiana.