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19/03/2015 11:05

Palabras del Consejero Guillermo Rivera en la audiencia 'Seguimiento a la implementación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en Colombia', en el 154 periodo de sesiones de la CIDH

Washington D.C., 19 de marzo de 2015

​El Congreso de la República aprobó la Ley 975 de 2005 que establece el procesamiento, sanción y las rutas de atención de los desmovilizados de los grupos organizados al margen de la ley, así como de la reparación integral a sus víctimas.

A partir de esta ley, el Gobierno Nacional asumió, entre otras, la tarea de orientar una adecuada reintegración a la vida civil de los desmovilizados en el marco de una estrategia integral de reconciliación. La Unidad para la Reintegración expondrá más adelante detalles de esta estrategia.

En cuanto a la reparación integral a las víctimas, que dicho sea de paso es una política prioritaria del actual Gobierno, es preciso señalar que para ese propósito se cuenta no solamente con el procedimiento judicial establecido por la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, sino que además el Gobierno impulsó y logró la aprobación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y restitución de tierras, que establece que para alcanzar la reparación no se requiere ni la identificación ni el juzgamiento de los victimarios. Por lo tanto la evaluación de la política de reparación de las víctimas debe ser evaluada en un contexto que incluya las dos normas atrás mencionadas.

En materia del procedimiento judicial que establece la Ley 975 resulta pertinente destacar que esta ha permitido no solamente condenas sino además que en el conjunto de las actuaciones de los fiscales de justicia y paz al lado de los tribunales de esta jurisdicción han surgido verdades sobre violación de los derechos humanos y el DIH a las cuales han tenido acceso directo las víctimas que a su vez se ha convertido en información que fue trasladada a las jurisdicciones competentes que en un número de casos significativo ha derivado en condenas de servidores públicos de altos niveles del Estado.

La Ley 975 se constituyó en la primera experiencia de justicia transicional en Colombia de la cual estamos sacando lecciones y aprendiendo de ellas para mejorar. Por ejemplo, dadas las complejidades de una investigación individual tal y como se empezó a aplicar esta ley, el Gobierno a través de un proyecto de ley le pidió facultades al Congreso de la República para reformar la Fiscalía General de la Nación que posteriormente fue aprobado y en virtud del mismo se amplió dicha entidad y se crearon en ella las dependencias para desarrollar investigaciones con criterios de contexto, selección y priorización. Además, el Gobierno apoyó una reforma constitucional que se conoció como el acto legislativo para la paz que estableció los principios constitucionales de la justicia transicional que incorporó los criterios de selección, priorización y máximos responsables.