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Sala de Prensa

08/11/2016 3:15

Colombia agradece reconocimiento de Naciones Unidas y acoge recomendaciones sobre derechos civiles y políticos

La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, aseguró que Colombia es un Estado abierto al escrutinio internacional y que el respeto por los derechos humanos contribuirá a una paz sostenible y duradera.

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2016

​El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas resaltó en un documento publicado el pasado viernes el “diálogo constructivo” que mantuvo con el Estado colombiano acerca del séptimo informe sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Colombia, que tuvo lugar los días 19 y 20 de octubre de este año en Ginebra (Suiza).
 
“Colombia es un Estado abierto al escrutinio internacional y comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Queremos agradecer las observaciones finales del Comité, que incluyen el reconocimiento a las medidas adoptadas, y expresamos nuestra firme voluntad de llevar a cabo las medidas y estrategias oportunas para superar los desafíos existentes”, aseguró la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, quien lideró la representación del Estado colombiano en el Comité.
 
En sus observaciones al informe presentado por el Estado colombiano, el Comité aseguró que “celebra las numerosas medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte durante el período en estudio en materia de derechos civiles y políticos”. Entre ellas, sobresalen la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034; la puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que según la Universidad de Harvard es la más amplia del mundo en alcance y cobertura; el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, así como las medidas para rendir homenaje a las víctimas de desaparición forzada y facilitar su localización e identificación (Ley 1408/2010).
 
También destaca la legislación en favor de las víctimas de violencia basada en género, como la Ley 1761 de 2015, que estableció el tipo penal de feminicidio como delito autónomo; la Ley 1719 de 2014, por la cual se adoptaron medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial cuando esta se da en el marco del conflicto armado; y la Estrategia Nacional para la lucha contra la trata de personas 2016-2018.
 
Además, las Naciones Unidas mostraron su “satisfacción” dado que Colombia ha ratificado en los últimos años la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, celebró también las “extensas referencias a normas internacionales de derechos humanos, incluyendo del Pacto, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
 
El Comité de Derechos Humanos reconoció que “las negociaciones de paz con las FARC-EP dieron lugar a una reducción considerable del impacto del conflicto armado en la población civil” y animó al Estado a continuar con sus esfuerzos para prevenir que se cometan violaciones de derechos, con atención a las personas y comunidades que puedan resultar más vulnerables, “en particular las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, los afrocolombianos y los indígenas”.
 
El Comité se refirió también a las personas con identidades y orientaciones sexuales no hegemónicas, reconociendo los esfuerzos “en relación con los derechos de las personas LGBTI, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que garantiza a las parejas del mismo sexo los derechos a contraer matrimonio civil y a adoptar, y para combatir la discriminación y violencia en su contra” y aseguró que el Estado debe continuar combatiendo los estereotipos y prejuicios contra esta población. Sobre violencia sexual, se reconocieron “las numerosas medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra la mujer y la violencia sexual, y para ofrecer reparación y atención a las víctimas”, aunque persisten niveles de impunidad.
 
Avanzar en la protección y respeto de los derechos humanos implica reconocer de manera transparente los retos que el Estado afronta, particularmente, en cuanto a la administración de justicia, lucha contra la violencia de género, y protección a defensores de derechos humanos, tal como lo hizo hace unas semanas ante el Comité.
 
El Estado, por tanto, no niega los desafíos, sino que los ha reconocido y ha reiterado su voluntad en redoblar esfuerzos que permitan el goce efectivo de los derechos reconocidos en el Pacto  de Derechos Civiles y Políticos.
 
El propósito de la presentación y la sustentación de los Informes Periódicos no es otro que evidenciar los progresos alcanzados y los retos que asume un Estado para lograr el goce de los derechos reconocidos en el Pacto. De allí, que el Estado colombiano concibe este mecanismo como una oportunidad que permite revisar sus políticas y hacer ajustes para avanzar en la garantía de los derechos de su población.
 
“Las reformas institucionales, legales y las medidas de política pública que se vienen adoptando en los últimos años en Colombia responden justamente a las recomendaciones recibidas por el Comité de Derechos Humanos y por otros órganos internacionales”, expresó Paula Gaviria. “Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento por el reconocimiento a los avances y seguiremos trabajando para superar los retos”, concluyó la consejera.
 
 
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