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Sala de Prensa

25/11/2016 10:50

Los derechos de las mujeres, asunto de todos

Según la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, cuando se afectan los derechos de las mujeres, los impactos negativos repercuten en toda la sociedad. La funcionaria defiende una educación basada en derechos para eliminar progresivamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 
 

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2016

​Durante el periodo comprendido entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se registraron 136.277 actos relacionados con violencia basada en género, de los que las mujeres sufrieron 105.729, según la información del Sistema de Vigilancia de Salud Pública (SIVIGILA) recopilada por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos. Esto significa que ellas sufrieron el 77,5% de los casos de violencia basada en género (VBG).
 
“Los escenarios de violencia en diferentes entornos, incluidas las propias familias, y las desigualdades socioeconómicas entre mujeres y hombres repercuten de una manera negativa en el desarrollo no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad”, aseguró la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur. “Por eso, es esencial que reflexionemos sobre el papel de la mujer en la sociedad y los compromisos de cada uno de nosotros para evitar que sean violentadas”, agregó.
 
Este 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos pone de manifiesto no solo las vulneraciones que han sufrido las mujeres por el hecho de serlo y los desafíos que su atención representa, sino también qué ejercicios pueden contribuir a erradicar estas prácticas violentas.  
 
Para ello, en primer lugar se aborda la definición de género, entendida como una construcción socio-cultural sobre la concepción y el rol de la mujer y el hombre en la sociedad, la cual varía en el tiempo, en el contexto geográfico y según la situación política, económica, jurídica, social y cultural. Es un concepto que da cuenta de los diferentes comportamientos, actividades y funciones de las mujeres y los varones culturalmente estructuradas, más que biológicamente determinadas.
 
Por tanto, la violencia basada en género, en sus diversas modalidades, se refiere a cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que se dirige contra una persona por razón de su condición de género, explicada por factores sobre la concepción de lo femenino y lo masculino en una sociedad y en sus imaginarios; daños o sufrimientos que generan afectaciones a nivel psicológico, físico, sexual, moral y patrimonial. Esta violencia, que se presenta en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario, así como en contextos de conflicto armado, está determinada por las características de la violencia, de la víctima, del ámbito en el que ocurre, de la persona agresora y del contexto territorial.
 
 
En cifras, el impacto de la violencia basada en género
 
De los 136.277 casos de violencia basada en género para el período estudiado, la violencia física (caracterizada por el uso de la fuerza, o cualquier mecanismo que pueda ocasionar u ocasione daños físicos internos o externos a la persona agredida y que pone en riesgo o disminuye su integridad corporal) constituye la principal fuente de vulneración del derecho a la integridad, al registrar 68.031 episodios (el 50% del total). El abuso sexual registró 24.819 casos en el sistema de información, que representan el 18%.
 
Al realizar un análisis por sexo para diez tipos de vulneraciones, se observa que las mujeres presentan una amplia diferencia frente a los hombres en términos de victimización, así: abuso sexual (87%); acoso sexual (87%); actos sexuales violentos (85%); explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (86%); negligencia y abandono (58%); trata de personas para explotación sexual (100%); violación (92%); violencia física (80%); violencia psicológica (82%); violencia sexual en el conflicto armado(80%). Es decir, los casos de violación afectaron a 92 mujeres de cada 100 casos, mientras que el total de las víctimas de trata fueron mujeres. Para los demás fenómenos de violencia sexual, física y psicológica, la cifra no es inferior al 80% de mujeres afectadas.
 
En cuanto a los aspectos etarios, el rango de edad más afectado es el de adultez (27-59 años) con 41.032 casos, es decir, el 30%. Sin embargo, sumados los rangos etarios de primera infancia (22.638), infancia (13.986), adolescencia (29.315) y juventud (25.332), que comprenden en conjunto de los 0 a los 26 años, la cifra es superior en tanto que representa el 67% de dichos casos.
 
Teniendo en cuenta diferentes factores sociales de vulnerabilidad, se tiene que las amas de casa, las mujeres cabeza de familia y las personas campesinas son quienes más ven vulnerado su derecho a la integridad a causa de la violencia basada en género.
 
Al revisar los municipios en los que se vienen presentando estos fenómenos de VBG, se destaca la ocurrencia en ciudades capitales. Según SIVIGILA, los casos se dan un 76% en cabecera urbana; un 15% en área rural dispersa y un 8,5% en centro poblado. Los diez municipios con más reportes son Bogotá D.C. (11.492 casos), Cali (8.195), Medellín (6.105), Bucaramanga (3.479), Neiva (2.869), Floridablanca (2.127), Pasto (1.920), Cúcuta (1.835), Pereira (1.813) y Barrancabermeja (1.690).
 
 
Aumentar la capacidad para atajar la violencia basada en género
 
Ante el panorama planteado, el Gobierno Nacional ha venido fortaleciendo las capacidades institucionales, personales y territoriales que permitan afrontar tanto las vulnerabilidades evidenciadas como abordar los factores de riesgo desde la prevención, con acciones concretas de promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos que trasformen los imaginarios que legitiman la violencia.
 
Según Paula Gaviria, “como Estado, afrontamos enormes tareas en términos de atención emocional y material y de brindar oportunidades donde antes no las hubo” y sostiene que ha habido avances, puesto que entidades del Gobierno Nacional como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer trabajaron con las autoridades locales para incluir el enfoque de derechos y de género en sus planes de desarrollo territoriales.
 
En este sentido, la presencia institucional se va fortaleciendo en el territorio con más de 11.000 hospitales, 217 sucursales de Medicina Legal, 1.141 comisarías de familia, 261 dependencias de Bienestar Familiar, 105 Casas de Justicia, los centros de atención e investigación integral a las víctimas de delitos sexuales (CAIVAS) y aquellos para la investigación integral contra la violencia intrafamiliar (CAVIF), entre otros.
 
Además, se destacan acciones institucionales como la liderada por la Secretaría Técnica para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados; o la Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Impunidad de la Violencia Basada en Género en el marco del Conflicto Armado y Atención Integral a Víctima. En este sentido, la consejera Gaviria reconoció que persisten altos niveles de impunidad, ante lo cual el Estado debe “seguir fortaleciendo las investigaciones, condenar los delitos, perseguir a los responsables y trabajar cada día para que la justicia llegue a todos los rincones”.
 
 
El papel esencial de las mujeres en la construcción de paz
 
Para la funcionaria, es esencial prestar atención al ejemplo de las organizaciones de mujeres, que con su capacidad organizativa y los proyectos que han emprendido, han demostrado que es posible transformar imaginarios colectivos que impactan negativamente en la vida de las mujeres.
 
La Organización Femenina Popular, Afromupaz, Narrar para vivir, ANMUCIC y la Liga de Mujeres Desplazadas, entre muchas otras repartidas por el territorio nacional (algunas hoy fortalecidas gracias a la reparación colectiva), han desempeñado un papel muy activo en sus comunidades.
 
Además, en el actual proceso de paz, ellas han elaborado propuestas dirigidas a la Mesa de Conversaciones; han liderado iniciativas ciudadanas en favor de la terminación del conflicto armado (que ha dejado más de cuatro millones de mujeres víctimas); han trabajado en entornos rurales y urbanos para reivindicar sus voces y han dado ejemplo de generosidad, con su disposición al diálogo y la reconciliación.
 
“La paz será duradera únicamente a través del respeto y la defensa de los derechos humanos. Las mujeres representamos la mitad de la población mundial, así que es evidente que construir y mantener la anhelada paz de Colombia solo es posible contando con las mujeres y trabajando en una educación basada en derechos”, reflexionó Paula Gaviria.