Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
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20/10/2016 6:05

Discurso inicial de la Sustentación del VII Informe de Colombia sobre los avances en la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

​Intervención realizada por Paula Gaviria Betancur, Jefe de Delegación del Estado colombiano

Ginebra, Suiza, 19 de octubre de 2016

Ginebra, Suiza, 20 de octubre de 2016. Foto: Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra.

Honorables miembros del Comité de Derechos Humanos,

Funcionarios de la Secretaría,

Representantes de las organizaciones de la sociedad civil,

Señoras y señores, 
 
 
En mi calidad de Consejera Presidencial para los Derechos Humanos es un honor presidir la Delegación que en nombre del Estado de Colombia sustentará el Séptimo Informe sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 
Me acompañan como parte de la Delegación, la Embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, Beatriz Londoño, Mónica Fonseca, Directora de Derechos Humanos de la Cancillería; Diego Mora, Director de la Unidad Nacional de Protección; Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho y Viviana Ferro, Subdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
 
Valoramos la oportunidad de compartir de manera abierta y transparente los avances en la implementación de este importante Instrumento Internacional, así como los desafíos que persisten para Colombia. Con la certeza de tener un diálogo constructivo y provechoso con el Comité, fortaleceremos los esfuerzos desplegados hasta el momento para mejorar la garantía de los derechos civiles y políticos de todos los habitantes de nuestro país.
 
Señoras y Señores, 
 
El Estado colombiano está convencido que la mejor manera para garantizar los derechos de los colombianos es asegurar una paz estable y duradera. Por esta razón, el Gobierno ha avanzado decididamente en una salida negociada al conflicto armado que ha afectado a Colombia por más de 50 años.
 
Primero, con las FARC-EP, con quienes durante 5 años dialogó hasta alcanzar un Acuerdo para la terminación del conflicto armado, basado en un enfoque de derechos humanos y que tiene como eje central el reconocimiento de los derechos de las víctimas, cuya participación activa en la mesa de negociaciones fue crucial.
 
Uno de los resultados concretos del proceso ha sido el cese bilateral al fuego, el cual se mantiene vigente. El mismo ha permitido una reducción significativa del impacto del conflicto en los derechos de la población civil.
 
Adicionalmente, se destaca la implementación de acuerdos humanitarios que contienen compromisos mutuos de parte del Gobierno y de las FARC-EP como la salida de los menores de edad de los campamentos de las FARC-EP; la limpieza y descontaminación del territorio de minas antipersonal y otros artefactos explosivos; la búsqueda de personas desaparecidas.
 
Pese al resultado del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre, el Presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que no se rendirá en la búsqueda de la paz y que trabajará por ella hasta el último minuto de su mandato, por lo que ha convocado a todos los sectores sociales y políticos del país para encontrar un consenso que permita seguir avanzando en el camino hacia la paz.
 
El Gobierno Nacional también avanza en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El próximo 27 de octubre en Quito se inicia la fase pública de este proceso; en él, la participación de la sociedad civil será nuevamente central.
 
Recibir tantas manifestaciones de apoyo de diferentes sectores de la sociedad y de la comunidad internacional con la paz de Colombia nos llena de esperanza y de ánim, y nos compromete aún más a no cesar de trabajar para lograr este propósito.
Miembros del Comité:
 
Además de los esfuerzos en la búsqueda de la paz el país ha diseñado e implementado diferentes políticas públicas orientadas a la garantía de los derechos de los colombianos. Desde que se examinó el Sexto Informe se han logrado importantes avances.
 
Colombia cuenta con una estructura normativa e institucional, más robusta. En su construcción han participado activamente la sociedad civil y las víctimas del conflicto así como la comunidad internacional. Ha sido un proceso que nos ha permitido aprender de diferentes actores y tener un mejor diagnóstico de los retos y desafíos que persisten.
 
En particular, quiero destacar 4 áreas específicas: i) política pública en materia de derechos humanos, ii) reparación y atención a las víctimas del conflicto, iii) protección de los derechos de todos los ciudadanos y iv) medidas de lucha contra la impunidad. Los esfuerzos realizados en estas áreas están en línea con las diferentes recomendaciones de este Comité.
 
En relación con la Política de Derechos Humanos, resaltamos su construcción, resultado de consultas amplias y abiertas que se realizaron en todo el territorio nacional y que convocaron a cerca de 22.000 personas y 9.000 organizaciones de la sociedad civil. El producto de este proceso fue la elaboración del documento “De la Violencia a la Sociedad de los Derechos: Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos.”
 
A la par de estas consultas, en 2011 se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos, mecanismo de articulación interinstitucional para formular, hacer seguimiento y evaluar la Política de Derechos Humanos.
 
El Sistema Nacional con base en los aportes del proceso participativo construyó la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, que a través de sus diferentes componentes fija líneas de acción articuladas que buscan contribuir a la garantía de los derechos consolidando así una agenda común en derechos humanos entre el Estado y la Sociedad Civil.
 
La política pública ha contribuido a una mayor apropiación de un enfoque basado en los derechos humanos por parte de los diferentes actores y, en particular, por las instituciones del estado a nivel nacional y local.
 
Miembros del Comité:
 
El segundo avance son los resultados de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma expedida en 2011, en medio del conflicto armado, establece una política para la reparación de las víctimas del conflicto y responde a una de las recomendaciones del Comité formuladas en 2010.
 
A través de un Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas se articula el Estado a nivel nacional y local.
 
Se cuenta con un Registro Único de Víctimas que ha permitido reconocer a quienes han sufrido el despojo de sus tierras, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, daños por minas antipersonal, secuestro, tortura o reclutamiento de niños y niñas. El Registro ha permitido dimensionar la magnitud de las afectaciones generadas por el conflicto y responder con acciones concretas basadas en un enfoque diferencial.
 
A 1 de septiembre de 2016, más de 8 millones de víctimas se encontraban registradas, de las cuales cerca de 6.300.000 son sujetos de asistencia y reparación. De estas, más del 85% son víctimas de desplazamiento.
 
La implementación de la Ley ha permitido que cerca de 600.000 víctimas hayan sido indemnizadas por vía administrativa. De igual manera 400 comunidades y colectivos avanzan en procesos de reparación recuperando sus capacidades y transformando su realidad. Lo anterior ha significado esfuerzos presupuestales muy importantes para el Estado colombiano. 
 
Además de las indemnizaciones, se han desarrollo otras acciones de reparación simbólica y construcción de memoria histórica. De esta manera, desde el 2012, el Estado ha efectuado más de 270 actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de disculpas públicas así como homenajes y actos de dignificación a las víctimas del conflicto.
 
Adicionalmente, para atender el sufrimiento de los afectados por el conflicto, Colombia desarrolla un Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas y cuenta con una Estrategia de reconstrucción del tejido social comunitario. Así, el Gobierno ha logrado dar una respuesta articulada brindando atención psicosocial a más de 300.000 personas y a 150 comunidades afectadas por el conflicto.
 
En materia de restitución de tierras se cuenta con 192.000 hectáreas restituidas correspondientes a 12,700 casos sometidos ante los jueces de restitución de tierras. El Estado ha acompañado el retorno y reubicación de más de 174.000 hogares víctimas del conflicto.
 
Señoras y Señores,
 
En relación con la protección de los derechos de todos los ciudadanos, destacamos la incorporación de un enfoque diferencial transversal en las políticas públicas de derechos humanos y la creación de políticas dirigidas a grupos en particular. De esta manera se atienden los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad como son: las niñas y los niños; las comunidades afrodescendientes, los pueblos indígenas; los campesinos; las personas en condición de discapacidad; las personas adultas mayores y los miembros de la población LGBTI.
 
En este esfuerzo, ha sido fundamental el aporte de las organizaciones sociales. Colombia cuenta con un movimiento de derechos humanos plural, independiente y lleno de fuerza y valentía, cuyos aportes reconocemos.
 
Colombia ha recorrido un largo camino en su lucha contra la desigualdad, la discriminación y la inequidad social. Por ello, el Estado busca cerrar las brechas sociales y garantizar la igualdad efectiva de todos los colombianos, en particular, los grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí quisiera destacar los esfuerzos nacionales para asegurar la igualdad de género. Colombia reconoce en las mujeres actores claves en la construcción de un país más equitativo, justo y en paz, por ello, ha venido implementando medidas que permitan la garantía y protección de sus derechos, incluidos los derechos y salud sexual y reproductiva.
En este ámbito, nuestro principal reto es la prevención y judicialización de la violencia sexual. Para enfrentarlo, hemos adoptado diferentes instrumentos como: el protocolo de investigación de violencia sexual; la tipificación del feminicidio como delito penal autónomo perseguible de oficio; garantías para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual; y la declaración del 25 de mayo como el día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, declaración que reconoce el coraje de mujeres como Jineth Bedoya pero que nos recuerda los enormes desafíos que aún enfrentamos como Estado en la búsqueda de la justicia y la erradicación definitiva de este delito que nos avergüenza como sociedad.
 
De igual manera, resaltamos el invaluable trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de periodistas y sindicalistas y el rol fundamental que desempeñan en la consolidación de la democracia. Colombia ha adoptado diferentes medidas que permiten el ejercicio de su labor, las cuáles ha tenido la oportunidad de compartir con otros países.
 
Una de ellas, es la creación de la Mesa Nacional de Garantías, espacio del más alto nivel conformado por el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional que tiene como mandato la búsqueda concertada de soluciones, con enfoque diferencial, a los problemas que puedan afectar el trabajo de los defensores de derechos humanos.
 
Asimismo, se fortaleció el programa de protección para personas en situación de riesgo, coordinado por la Unidad Nacional de Protección. Actualmente, el programa protege a 6.500 personas, entre las que se encuentran: defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, entre otros, lo que ha significado una inversión de 172 millones de dólares.
 
Pese a las medidas que ha venido adoptando el Estado, se han presentado agresiones en contra de los defensores de derechos humanos. El Estado rechaza vehemente estos hechos y reconoce que la mejor medida de prevención es la identificación y sanción de los responsables.

Señores Miembros del Comité
 
En relación con las acciones adoptadas para la lucha contra la impunidad, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se han proferido más de 37 sentencias mediante las que se han reconocido cerca de 30.000 víctimas y alrededor de 25.000 conductas punibles. De igual manera, este instrumento de justicia transicional ha contribuido al esclarecimiento de la verdad al aportar a la justicia ordinaria información que ha permitido identificar a los responsables.
 
Conscientes de los desafíos que se tienen en materia de justicia, la Fiscalía General de la Nación adelantó un proceso de reforma que permitió su fortalecimiento. Asimismo, ha consolidado estrategias para mejorar los resultados en materia de investigación en casos de homicidios en persona protegida, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos. Con este fin recientemente se creó una nueva unidad de alto nivel para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
 
Señores y señoras,
 
Los anteriores son ejemplos del compromiso y de los esfuerzos desplegados por el Estado colombiano para asegurar el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos de todos los colombianos sin excepción. De manera gradual y progresivamente Colombia avanza hacia un estadio de garantía de derechos.
 
Sin embargo, el Estado también es el primero en reconocer que son muchos y complejos los desafíos y los aspectos que deben ser mejorados y fortalecidos. Particularmente cuando se ha vivido un conflicto de más de 50 años.
 
En este sentido, estamos seguros que las observaciones y recomendaciones de este Comité serán un insumo valioso para fortalecer nuestros esfuerzos de dar cumplimiento a las obligaciones que impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero principalmente, para la construcción de una Colombia en paz en donde ningún colombiano sea dejado atrás.
 
Muchas gracias.