Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
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15/09/2016 11:20

"El respeto por los Derechos Humanos será el triunfo de la paz": Consejera Paula Gaviria

​Palabras de la Consejera Paula Gaviria en el lanzamiento del libro 'Trayectoria Institucional de los DDHH en Colombia: Retos para Tiempos de Paz'

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2016

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2016. Foto: Consejería Presidencial DDHH

Ocho millones de víctimas y más de 265.000 muertos a causa del conflicto armado son motivo suficiente para decirle adiós a esta cruel guerra y proclamar nuestro firme compromiso con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en resumen, encarna el respeto a la vida, las libertades, la igualdad y la dignidad propia y de los demás.
 
Acabar con el conflicto armado es terminar con la principal fuente de violaciones de derechos en Colombia. Por eso, los derechos individuales y colectivos, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales son la columna vertebral del Acuerdo Final. 
 
Aunque nuestra labor no se circunscribe a lo pactado en La Habana, en el acuerdo tenemos muchos retos por delante pues reconoce que “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse”. Además, como ha podido verificar el Observatorio Nacional de Derechos Humanos desde que iniciaron las negociaciones disminuyeron las violaciones de derechos, reducción que se explica en gran medida por el desescalamiento del conflicto.  
 
Ahora, estamos ante la oportunidad histórica de erradicar las violentas situaciones que fueron causa y consecuencia de la confrontación armada que por décadas padecimos. Para ello, en cada uno de los seis puntos del Acuerdo anunciado el pasado 24 de agosto se pueden encontrar permanentes referencias a la garantía y el respeto de los derechos humanos como un enfoque transversal que debe guiar su implementación. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo incluye un capítulo específico con mandatos concretos en materia de derechos humanos, como una garantía de no repetición de los hechos. En particular, el acuerdo ordena el fortalecimiento de los mecanismos de promoción de los Derechos Humanos.
 
Para ello, tenemos como propósito consolidar el Sistema Nacional de Información de la situación de derechos humanos y el sistema de monitoreo nacional y regional y SAT. También tenemos previsto el fortalecimiento del Planeddhh y la promoción y cultura de los derechos humanos para la construcción de la paz y la reconciliación. 
 
Así mismo, el acuerdo prevé el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y sus organizaciones. El gobierno está comprometido con brindar garantías de seguridad, darles reconocimiento, no estigmatizarlas y mantener con ellas un diálogo permanente para atender sus informes, diagnósticos y recomendaciones. 
 
Otro gran desafío que se propone en los acuerdos es el de la prevención y protección de los derechos humanos, para lo cual se debe implementar un plan nacional de derechos humanos con participación de organizaciones, la creación de una comisión asesora convocada por la defensoría del pueblo y brindar garantías para la movilización y protesta social. 
 
Visto que los acuerdos de La Habana buscan la realización de los derechos humanos, revisarlos desde este lente nos permite implementar un sistema de seguimiento, para su implementación material y para que este acuerdo contribuya a que se amplíen y Colombia logre avanzar en la garantía de todos los derechos.
 
En este orden de ideas, en el punto sobre la reforma rural integral, se contempla la creación de un fondo de tierras para campesinos que no dispongan de tierra suficiente y la formalización de la propiedad para aquellos que sí la tienen, pero no cuentan con escrituras. Es decir, se involucran, por mencionar algunos, el derecho a la propiedad (que en el ámbito rural se convierte en el derecho de acceso a la tierra en condiciones de igualdad), y los derechos al trabajo y a la seguridad social. 
 
Este apartado se complementa de manera decidida con el punto cuarto, sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, que para el caso de las comunidades étnicas se asienta fuertemente en el derecho a la consulta previa, al territorio y su libre circulación en este.
 
En el punto segundo, relativo al pluralismo y la ampliación de la democracia, destaca el derecho de participación política, entendida como la posibilidad de elegir y ser elegido, así como el respeto a la oposición. ¿Cuánto cambiará Colombia cuando dejemos de agredir física y verbalmente al que no piensa como nosotros?
 
Más allá de estas medidas dirigidas a miembros de partidos políticos de antigua o nueva creación, también se alienta el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información a través de medios de comunicación de tipo comunitario, institucional y regional. Esto beneficiará tanto a las organizaciones y movimientos sociales como a la ciudadanía en general, pues tendrá acceso a una mayor variedad de voces. Todas las iniciativas de pedagogía, reconciliación y veeduría requerirán de la participación activa de la sociedad.
 
El punto sobre el fin del conflicto viene a reafirmar los mencionados derechos a la vida y la seguridad, particularmente de los excombatientes que se reincorporen a la legalidad. Aquí vale la pena resaltar también la voluntad de ambas partes de garantizar los derechos de aquellos niños, niñas y adolescentes que se desvinculen del conflicto armado. 
 
Por su parte, el punto quinto, sobre víctimas, cobijará los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con medidas específicas como la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una Comisión de la Verdad y el avance en acciones reparadoras, como la atención psicosocial, la construcción de infraestructura o los reconocimientos públicos de responsabilidad.  
 
Ahora bien, estamos acá reunidos para conocer el informe del Centro Carter que logra hacer diferentes aproximaciones a partir de la trayectoria institucional que han tenido los Derechos Humanos en el Estado Colombiano desde 1987, planteando los desafíos para la protección y garantía de los mismos. Y es justo a partir del gobierno del ex-presidente Gaviria que la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, se convierte en un actor determinante para la realización de ajustes institucionales al interior de la Rama Ejecutiva y para la estructuración de nuevas entidades encargadas de la promoción y garantía de los Derechos Humanos y del DIH.
 
Durante los diferentes periodos presidenciales, como será explicado más adelante, se adoptaron medidas conducentes al fortalecimiento y apropiación de los Derechos Humanos. Pero quisiera rescatar, como lo dice el informe, que bajo el mandato del Presidente Santos en el año 2011, se dio inicio al Proceso de Construcción Participativo para la construcción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y DIH. Para esto se lograron realizar 32 Foros Departamentales, un Foro Distrital en la ciudad de Bogotá y la Conferencia Nacional de DDHH. Este proceso convocó a más de 21.950 personas y 9.000 organizaciones de la sociedad civil, y como resultado del mismo, se construyó el documento propuesta “De la Violencia a la Sociedad de los Derechos: Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014 – 2034”; texto que desarrolla una propuesta de líneas de política pública, que busca ser un punto de partida para tener una Política de Estado, integral, incluyente, de largo Plazo, con enfoque de derechos y enfoque diferencial, construida desde la identificación de las problemáticas y la recolección de las propuestas regionales, hecha por la gente y para la gente. 
 
La propuesta de Política Integral en DDHH y DIH, fue el primer paso de consolidación de una agenda común en DDHH entre el Estado y la Sociedad Civil, dando paro a la creación de la “Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034” y el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, actual política de derechos humanos del país.
 
El informe que hoy nos convoca evidencia los retos a los que se enfrenta el Estado Colombiano para fortalecer sus instituciones y sus mecanismos en la promoción y garantía de los derechos humanos en un escenario de construcción de paz.  Nos invita a preguntarnos como fortalecer el Sistema Nacional de Derechos Humanos como medio para garantizar la apropiación de los Derechos Humanos y la no repetición de los hechos violentos en Colombia. 
 
Los acuerdos con los que hoy contamos e investigaciones como la que hoy se presenta, nos obliga a mirarnos como Estado, a pensar si se requieren ajustes en la arquitectura institucional vigente, y donde deberíamos poner nuestros mayores esfuerzos. Sin duda, la terminación del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP nos asoma a nuevos horizontes. No solucionará todos nuestros problemas, pero nos brinda la inmensa oportunidad de rechazar comportamientos que fueron dañinos para nuestra propia convivencia como pueblo. El respeto por los Derechos Humanos será el triunfo de la paz.