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01/09/2016 14:35

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la posesión del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2016

 
"Defender al pueblo" no puede ser una simple frase retórica; es una misión de suma trascendencia que tiene que ver, de forma directa, con la defensa de los derechos humanos –los derechos del pueblo–.
 
Para esta tarea hay que tener compromiso –una vocación de profundo servicio– para trabajar en favor de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos, pero también de quienes –afortunadamente– los mantienen intactos. 
 
Es decir, hay que estar atento para responder –como es debido– frente a violaciones de los derechos humanos, pero también hay que evitarlas. 
 
Para ello es necesario divulgar estos derechos –promoverlos y garantizarlos–, una obligación que concierne al Gobierno y a todas las instituciones del Estado.  
 
No es "opcional"; no es "si queremos"; no depende de nuestra afiliación política, o de nuestra tendencia ideológica. 
 
Estos son DERECHOS FUNDAMENTALES –priman sobre cualquier norma o creencia– y se refieren a lo más sagrado del ser humano: su vida, su libertad y su dignidad. 
 
Por eso, Carlos Negret –quien hoy llega a la Defensoría del Pueblo– tiene la trascendental responsabilidad de ser un especial veedor de los derechos humanos. 
 
Sea este el momento de agradecer, por su disposición para servirle al país, a Ana Caterina Heyck y a Andrés Santamaría, los otros dos muy buenos juristas que terné para este cargo. 
 
Al final, la Cámara de Representantes eligió a Carlos Negret y estoy seguro de que hará una excelente labor –conozco sus calidades humanas y profesionales, y por eso, con conocimiento de causa, le pedí hacer parte de la terna para la Defensoría– 
 
Él es abogado javeriano y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y viene de ser Secretario General del Partido de la U. 
 
Además, ha trabajado para el sector público con el Instituto de Bienestar Familiar, el Invías y la Contraloría. 
 
Ahora, el doctor Negret llega a esta posición en un momento muy especial de la historia de Colombia y de la misma de Defensoría del Pueblo: ni más ni menos, cuando hemos acordado el fin del conflicto armado con las FARC. 
 
El silencio de los fusiles implica, de manera automática, una garantía para los derechos humanos. 
 
Es apenas lógico: si el conflicto ha sido un caldo de cultivo de las violaciones a los derechos humanos, la paz será el mejor entorno para proteger y promover estos mismos derechos. 
 
Con el fin de la guerra estamos cerrando una “fábrica” de víctimas que operó por décadas, y en este nuevo contexto el derecho a la vida será el primero que brille. 
 
En particular, para quienes tuvieron la mala fortuna de vivir en medio del fuego cruzado del conflicto, el pleno ejercicio de sus libertades será más la regla que la excepción.   
 
En nuestro Gobierno hemos hecho camino al andar en el respeto de los derechos humanos –infortunadamente, en medio de la guerra–. 
 
Junto a la Defensoría ya hemos venido trabajando en temas como la prevención del reclutamiento de menores –que, valga ratificarlo, es un crimen que NO será amnistiado–. 
 
Avanzamos además en asuntos de equidad de género –sobre todo en prevención y sanción de la violencia sexual en conflictos armados–. 
 
Hoy contamos con el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y, desde el año 2014, con la Estrategia Nacional de Garantía de Derechos Humanos –que contempla metas a 2034–. 
 
Todo esto –unido a la implementación de los acuerdos con las FARC– exige un trabajo territorial, y para ello existe una estrategia que busca incluir el enfoque de derechos humanos en los planes de desarrollo departamentales y municipales. 
 
Ya 18 departamentos han adoptado este enfoque y los estamos acompañando en la ejecución de sus programas. 
 
Además, somos el primer país NO europeo que cuenta con un plan de acción para que las empresas desarrollen sus negocios respetando los derechos humanos. 
 
También tenemos una política de víctimas sin referente alguno en el mundo –es nuestra más importante política de derechos humanos con la que hemos reparado más de 600 mil víctimas–.
 
Ahora, en el escenario del posconflicto, debe estar sin falta la Defensoría del Pueblo…, una Defensoría que, por medio de su magistratura moral, contribuya –como hasta ahora– a garantizar y enaltecer los derechos humanos de todos. 
 
Será fundamental su acompañamiento en los territorios donde han operado las FARC, para garantizar que los habitantes de esas zonas ejerzan plenamente sus derechos. 
 
Esta institución tendrá un papel protagónico en el desafío de seguir resarciendo los derechos de las víctimas. 
 
Hay que hacer un trabajo colectivo –nacional– para garantizarles –a todas nuestras víctimas– sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la NO repetición. 
 
Ese es un compromiso absoluto –explícito– contemplado en el Acuerdo Final de Paz, y así lo ha reconocido –hoy mismo, hace unas horas– la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. 
 
Ella ha hecho énfasis en que el Acuerdo Final es un logro “histórico” para Colombia, y que allí hemos sabido reconocer las legítimas aspiraciones de JUSTICIA de las víctimas. 
 
Permítanme citar, textualmente, lo que la Fiscal dijo al respecto: 
 
(---CITA 1---) 
 
“Noto con satisfacción que EL TEXTO FINAL DEL ACUERDO DE PAZ EXCLUYE AMNISTÍAS E INDULTOS PARA CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA bajo el Estatuto de Roma. 
 
“El acuerdo de paz reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia. 
 
“Se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado”. 
 
Esas, repito, son palabras de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. 
 
Es difícil entender las críticas y las acusaciones que afirman que aquí habrá impunidad, cuando la mayor autoridad en el mundo –en materia de justicia contra los más graves crímenes–, no solo respalda este proceso sino que admite que aquí se están garantizando los derechos de las víctimas, incluido su derecho a la justicia. 
 
Y para mayores garantías, aquí estará la Defensoría del Pueblo, apoyando este camino de construcción de la paz y velando por los derechos de quienes han padecido el conflicto. 
 
Igual de importante será el apoyo de la Defensoría en la reintegración, en especial de quienes perdieron parte de su niñez –o de su juventud– con un fusil al hombro. 
 
La Defensoría será imprescindible, además, para empoderar a las comunidades en la defensa de sus derechos, así como para hacer recomendaciones a las políticas públicas sobre garantías de los mismos.  
 
Y muy importante será que el nuevo Defensor –como miembro de la Comisión Nacional de Moralización–, nos ayude a combatir el flagelo de la corrupción que atenta contra los derechos humanos. 
 
Cada vez que se le roba un solo peso a la salud, a la alimentación de los niños o a los servicios públicos, se viola el derecho de todos los colombianos de vivir dignamente. 
 
Atacar la corrupción con un enfoque de derechos humanos nos permitirá priorizar áreas y sectores de riesgo, dando mayor importancia a las investigaciones y denuncias que afecten derechos fundamentales de los colombianos. 
 
Permítanme –ya para finalizar– resaltar un aparte del discurso de Carlos Negret ante la Cámara de Representantes –previo a su elección–:  
 
(---CITA 2---) 
 
“Debemos trabajar para dejar atrás las causas del desplazamiento, del desarraigo, del exilio de la propia patria chica, de las masacres, de las orfandades anónimas… las causas de tantas lágrimas que han anegado las veredas y los campos de Colombia. 
 
“La función de la Defensoría del Pueblo tendrá que seguir encaminada a proteger y amparar los derechos de toda la población vulnerable de mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores…, para que cada vez deba ocuparse menos de víctimas, viudas, huérfanos, mutilados y cadáveres”. 
 
¡Esas palabras en boca de quien es el nuevo Defensor de los colombianos, sí que tienen peso! 
 
Creo que escogimos a la persona indicada para este cargo, para contribuir a la construcción de un país en paz y reconstruir nuestro tejido social. 
 
Sin duda tenemos muchos reto –la tarea no es fácil–, pero NO hay excusas porque ahora, con el fin del conflicto, tenemos todo a nuestro favor.  
 
Debemos hacer presencia –con la debida institucionalidad– en todo el territorio, para que la gente se sienta respaldada y protegida, y para que allí –con cada decisión que tomemos– trabajemos en favor de los derechos humanos.  
 
¡Es hora de que TODOS renovemos nuestro compromiso con estos derechos fundamentales! 
 
Finalizo estas palabras, haciéndole un amable “recorderis” al doctor Negret: 
 
El Defensor del Pueblo tiene 24 funciones asignadas a su cargo, y la última de ellas dice: “(…) las demás que le señalen otras disposiciones legales”. 
 
No es por asustarlo –no se preocupe–… Se lo digo porque, conociendo la magnitud de su tarea, puede estar seguro de que cuenta con todo nuestro apoyo. 
 
Vamos a trabajar juntos porque al Gobierno nacional y a la Defensoría nos une el interés por la paz y los derechos humanos. 
 
Al final, sus logros serán los logros de todos los colombianos. 
 
Muchas gracias.