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09/08/2017 6:00

"Estamos comprometidos con los derechos de los pueblos indígenas": consejera Paula Gaviria

​La paz le permitirá a Colombia seguir siendo un país pluriétnico y multicultural, para ello el Estado en su conjunto debe avanzar en garantías para la supervivencia, dignidad y bienestar de los 87 pueblos indígenas que aún habitan en el país. 

 

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2017

Este año se cumplen 10 años de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un hito importante para superar las situaciones de exclusión y marginalización que tiene que enfrentar esta población en todo el mundo y para superar obstáculos en el goce efectivo de sus derechos.  
 
El 3,4 por ciento de los habitantes de Colombia son indígenas y están organizados en 87 pueblos, de los cuales 34 están en peligro de extinción. Además, el conflicto armado ha causado un grave impacto en esta población: 190.619 personas auto-reconocidas como indígenas han sido víctimas directas de la violencia, lo que ha afectado sus tradiciones y costumbres. 
 
“Uno de los principales retos para la paz y el posconflicto en Colombia es asegurar que esta población sea reparada, que sus derechos sean restablecidos y que se establezcan garantías de no repetición. De ahí que en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se reconozca la importancia de proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas para continuar construyendo el tejido social del país”, afirmó la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria. 
 
Tarea que ya ha iniciado. En los seis años de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por ejemplo, se ha adelantado la reparación colectiva de 257 comunidades étnicas, que incluye, entre otras cosas, la puesta en marcha de 60 medidas de satisfacción como conmemoraciones, acompañamiento a procesos de verdad, recuperación y fortalecimiento de prácticas tradicionales, sociales y culturales, actos de dignificación y procesos de pedagogía.
 
Otro de los avances fue posible gracias al fortalecimiento de gobiernos propios, adelantado por el Ministerio del Interior. Los progresos incluyen el reconocimiento del territorio, la consulta previa y el mejoramiento de las condiciones de vida en los 748 resguardos autónomos constituidos. 
 
Se destaca además que durante el 2016 Prosperidad Social brindó atención y acompañamiento técnico a 20 mil hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas en 51 municipios de 17 departamentos del país, gracias al programa IRACA, que contempla acciones para la generación de ingresos, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la gestión territorial y la sustentabilidad socioeconómica.
 
En el marco de esta iniciativa se terminó la implementación y seguimiento de 519 planes de seguridad alimentaria, se comenzaron a implementar 417 proyectos productivos comunitarios -de 516 aprobados- y se pusieron en marcha 32 proyectos de pequeñas infraestructuras productivas.
 
Por otro lado, para proteger la vida e integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas, así como la supervivencia de los pueblos que han sido identificados por la Corte Constitucional como en peligro, se ha mejorado en las investigaciones de crímenes cometidos contra comunidades indígenas y sus miembros.
 
La Fiscalía, junto con la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, ha implementado una serie de estrategias territoriales y nacionales en los departamentos de La Guajira, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Córdoba, Cesar y Magdalena. Como resultado de estas acciones, se están investigando 150 denuncias por agresión a comunidades indígenas, de las cuales 13 se están impulsando directamente desde el nivel central. Adicionalmente, la Fiscalía está participando en 11 escenarios de concertación con autoridades indígenas y está en conversaciones con 12 comunidades que fueron identificadas como en peligro, de acuerdo con Auto 004/2009 de la Corte Constitucional.
 
Por su parte, el Acuerdo Final establece como prioridades las garantías a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, la participación, la consulta y el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas. En el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por ejemplo, se respeta el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial y se le brindan garantías a los candidatos de los pueblos étnicos para sean incluidos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. 
 
“En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Estado colombiano se compromete con una paz con diversidad, que garantice que somos un país pluriétnico y multicultural. Es muy importante avanzar en las garantías para la supervivencia y el bienestar de los más de 80 pueblos indígenas que habitan en el país; garantizar sus tradiciones, sus culturas y, sobre todo, como sujetos de derechos", concluyó Gaviria.