Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Skip Navigation LinksConsejería Derechos Humanos > Sala de Prensa > Noticias > 2017 > Palabras de la consejera Paula Gaviria en el taller 'Promoción y Garantía de la labor de Defensores de Derechos Humanos en Colombia'

22/02/2017 18:15

Palabras de la consejera Paula Gaviria en el taller 'Promoción y Garantía de la labor de Defensores de Derechos Humanos en Colombia'

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2017

Como Consejera Presidencial y también como defensora de los Derechos Humanos es un honor hacer parte de este espacio de reflexión y diálogo sobre las garantías y protección a la labor de los defensores de derechos humanos, en un país que hoy tiene la oportunidad más grande de cambiar su historia.
 
Sabemos que tras un conflicto armado tan largo y de tanta intensidad que ha dejado más de 8 millones de afectados, los desafíos son enormes, en materia de desarrollo, de reconciliación y en la necesidad de un cambio cultural que nos permita ser una sociedad realmente respetuosa de los derechos humanos. Sabemos también que estos primeros años de implementación del acuerdo son fundamentales. 
 
La semana pasada, a raíz de las recientes denuncias sobre agresiones a líderes y defensores en Urabá, la región que en toda la historia ha puesto el mayor número de víctimas en Colombia: 777.495 víctimas, que equivale al 9,34%, coordiné una misión conjunta a San José de Apartadó, con representantes de alto nivel de la Fiscalía, la Procuraduría, el Ejército Nacional, la Policía, la Secretaria de Gobierno de Antioquia, el alcalde y la Cancillería para recibir información de primera mano de 32 líderes de las Juntas de Acción Comunal que tiene el municipio. 
 
Nos contaron que en veinte años muchas cosas han pasado. Los actores han cambiado, algunos han desaparecido, otros nuevos han llegado; el conflicto armado ha arreciado y menguado, muchos han muerto y otros han abandonado el territorio. Pero, al final, lo único que ha permanecido es que la comunidad ha pagado todas las consecuencias de la guerra.
 
Nos pidieron que esta vez no los dejáramos solos. Nos contaron que por primera vez los fusiles han estado silenciados durante más de un año y que si esto se mantiene así, si llega el Estado con seguridad, vías, salud, educación, vivienda, proyectos productivos y justicia por fin Urabá podrá hacerle honor a su nombre, que en lengua embera significa 'Tierra Prometida'. 
 
Todos coinciden en que no quieren que otros violentos lleguen a este territorio, piden presencia de la fuerza pública permanente y que la justicia opere para que los criminales vayan a la cárcel y lo piensen dos veces antes de volver a poner sus ojos en esta tierra de paisajes maravillosos y con una ubicación privilegiada que podría convertirla en potencia para el turismo y en despensa agrícola para el país. 
 
Aunque hay muchas heridas sin sanar, y aunque persiste la desconfianza en las instituciones y entre las comunidades, hoy estos líderes están dispuestos a trabajar para construir sobre lo destruido. En esta visita ratificamos lo que hemos venido diciendo: la labor de los defensores de derechos humanos es fundamental para la construcción de la paz y para la democracia. Este viernes el Ministro del Interior liderará acto de reconocimiento a labor de defensores en esta zona del país.  
 
 
 
 
Labor de los defensores

 

El respeto y garantía a la labor de los defensores de Derechos Humanos y de los líderes sociales, ha sido un compromiso permanente del Señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón y, por eso, en todas las instancias de su gobierno hemos reiterado, en diferentes espacios, nuestra voluntad y compromiso de respeto absoluto, de no estigmatización y de desarme de la palabra hacia los defensores de Derechos Humanos, propendiendo por una relación de colaboración y apertura con los mismos. Gracias a eso hoy podemos decir que tenemos un trabajo mancomunado en temas neurálgicos como la construcción de una propuesta de política pública para garantizar el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. Hoy en Colombia hay un ambiente favorable y libre de señalamientos hacia los defensores.
 
Como lo profundizarán mis colegas durante el transcurso del día, el Gobierno colombiano desarrolla diversos espacios de diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, con el fin de mantener una conversación fluida y propiciar cambios y ajustes de política pública, para mencionar algunos:
 
- La Mesa Nacional de Garantías -liderada por el Ministerio del Interior- como un mecanismo valioso para promover y proteger el trabajo de los defensores, y concertar acciones en materia de protección y desarrollo investigativo. El reto es darle una dinámica que permita impactar positivamente la situación.
 
- Grupo de Alto Nivel para la situación de defensores de derechos humanos, el cual se reúne periódicamente para hacer seguimiento a la situación de los defensores de derechos humanos y al desarrollo de las investigaciones penales por los homicidios de defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos años, buscando mecanismos de impulso y esclarecimiento de estos hechos.
 
- Grupo de interlocución con la Cumbre Agraria.
 
- Y los recientes escenarios acordados en el Acuerdo final de paz como la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral De Seguridad Para el Ejercicio de la Política, y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y Lucha contra las Organizaciones Criminales.
 
Quisiera destacar el compromiso de las organizaciones en cada uno de estos escenarios, como una de las buenas prácticas que hoy tiene el Estado colombiano para avanzar en las garantías a la labor de los defensores de derechos humanos. 
 
El Estado está comprometido con la protección
 
Además de las instancias de interlocución, es de destacar que hoy Colombia cuenta con un Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el que participan entidades de las tres ramas del poder, y con la instancia nación territorio, se articula con alcaldías y gobernaciones, lo que nos permite contar con una política de Estado fuerte en materia de protección, respeto y realización de los derechos humanos. Este Sistema reconoce la importancia de la garantía de participación y la protección a poblaciones y grupos vulnerables, activistas de organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, grupos étnicos, víctimas y defensores de los derechos como uno de los pilares fundamental en la construcción de un país en paz.
 
Por otro lado, en el marco de la Ley de Víctimas, las entidades del Estado colombiano, en particular el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas han desarrollado metodologías para identificar los riesgos, mitigar y generar acciones de prevención. Esto por medio de la instalación de subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición en los territorios.
 
Es de destacar también que se han trazado lineamientos claros para la defensa y el respeto de los defensores de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, mediante la expedición de Directivas específicas para el tratamiento de este grupo poblacional. 
 
Otro de los avances que dialogaremos en el trascurso del taller se relaciona con las políticas públicas de protección para la implementación de medidas materiales y los retos en el fortalecimiento de las medidas inmateriales de protección a los defensores de derechos humanos. Pero como todo diálogo sincero, también reconocemos que algunas veces sufrimos de estancamientos por dinámicas que nos sobrepasan. Muchas veces no es posible ofrecer estas soluciones a cada persona que ejerce la labor de liderazgo, que en Colombia son miles, (muchos de los líderes asesinados no habían solicitado medidas de protección), por eso consideramos imperativo avanzar en medidas de protección colectiva.
 
Entendemos que la afectación o agresión contra un defensor de derechos humanos puede conllevar a la intimidación de un grupo social o a la afectación de los diversos derechos de las personas. Precisamente por eso el Estado colombiano en su conjunto trabaja para avanzar con celeridad en las investigaciones judiciales para el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables. Comprendiendo que la sanción a los responsables es una de las formas más claras para proporcionar Garantías de No Repetición de los Hechos.  
 
Para ello, teniendo en cuenta los criterios desarrollados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos definido una primera etapa de priorización de 64 casos de homicidios ocurridos en el 2016, para el impulso de las investigaciones y esclarecimiento de los hechos, para que la justicia pueda decirle al país cuántos líderes han sido asesinados y cuáles fueron las causas de los crímenes.
 
Quiero aclarar que este Gobierno no solo reconoce la labor de los defensores de derechos humanos, también se toma muy en serio sus denuncias y toda la información que han recabado sobre las agresiones que han conocido a lo largo y ancho del país. La información de las organizaciones es muy valiosa para entender cuáles son los factores que están poniendo en riesgo a los líderes: quiénes han sido víctimas de agresiones y cuándo en los listados se incluyen a los familiares de los líderes que, por supuesto, también son víctimas y requieren una atención especial del Estado. 
 
Particularmente, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ha adelantado un diálogo con las organizaciones para contrastar cifras, hacer seguimiento de casos. Se ha venido consolidando un sistema de información sobre agresiones contra defensores y defensoras que tiene como propósito, entre otros, observar su situación en tiempo real, monitorear permanentemente la implementación de medidas de protección y facilitar el seguimiento e impulso de investigaciones penales que adelanta la Fiscalía.
 
Gracias a esta información sabemos que algunos de estos homicidios fueron cometidos contra personas que se dedicaban a la defensa de derechos humanos de manera individual o hacían parte de organizaciones. Estamos hablando de líderes comunales, maestros, ecologistas, funcionarios, campesinos, indígenas, mujeres, personas del sector social LGBTI. Todos ellos son colombianos que tenían en común su convicción y trabajo por la promoción y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, necesarios para lograr la equidad, la justicia social, el cierre de brechas y la convivencia pacífica.
 
Este Gobierno, respetuoso también de la independencia de poderes en Colombia, sabe que es la justicia quien deberá determinar el número de líderes asesinados y los móviles de los crímenes; pero apoya de manera decidida su labor desde varias entidades que comparten un mismo objetivo y misión: que ni un solo defensor de derechos humanos sea víctima de agresiones y, en caso de que lo sea, que se realice la debida investigación y se sancione a los responsables.
 
También, como lo pudimos comprobar en la visita a Apartadó y en una instancia que hemos denominado Puesto de Mando Unificado y que realizamos en las regiones donde se han presentado la mayor cantidad de agresiones, comprobamos la importancia de apoyar a la institucionalidad local para que esté más fortalecida, para que se facilite el diálogo en el territorio y para que entre todos, y con el acompañamiento de la Nación, encuentren soluciones definitivas a la violencia teniendo en cuenta el contexto. 
 
El fin del conflicto con las FARC y las negociaciones que se iniciaron con el ELN nos sitúan en el escenario más propicio para reconstruir el tejido social, avanzar en la reconciliación nacional y construir una paz estable y duradera. Los retos más grandes que tenemos con la implementación de los acuerdos tienen que ver con los cambios culturales pendientes. La apertura democrática y el pluralismo político son desafíos mayúsculos. 
 
Ser activo en la defensa de los derechos, en la movilización social, en exigir mejores condiciones de vida debe ser una causa común de todos los colombianos, no un motivo de sospecha, estigmatización, rechazo o forma alguna de violencia. Todos y todas en Colombia debemos ser agentes transformadores, defensores de derechos humanos. 
 
Por eso, desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos también estamos trabajando en la implementación de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y en una estrategia que nos permita poner los cimientos de una cultura donde todos respetemos la dignidad humana en la cotidianidad, en nuestros entornos.