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Sala de Prensa

22/02/2021 8:00

Estado colombiano enfrenta al enemigo: organizaciones dedicadas a economías ilícitas, responsables de vulneración de derechos

  • ​​La Conse​jera Presidencial Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que para el Gobierno la principal tarea es la protección a la vida, por eso el esfuerzo en bajar las tasas de homicidio y reforzar acciones en los territorios de mayor riesgo para líderes y defensores de DDHH. 
  • En el informe 2020 de homicidios contra líderes sociales, comunales y defensores de DDHH, reitera que todo el Estado enfrenta a un enemigo común, pues los sitios de homicidios de líderes y otras vulneraciones de derechos humanos, coinciden con los territorios de economías ilícitas ligadas al narcotráfico y la extracción ilícita de minerales​.

Bogotá, 22 de febrero de 2021.

En el informe del año 2020 sobre homicidios contra líderes y defensores, se documentó que 66 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron víctimas de homicidios por cuenta de su labor, según datos de la Fiscalía General de la Nación y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que todas las entidades del Estado trabajan de manera articulada para preservar la vida, a tal punto que en el 2020 se registraron dos grandes victorias: la reducción de los homicidios en 4,4% relativo al año anterior y el logro de la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años (23,8 por cada 100.000 habitantes). También destacó que en 326 de los 1.122 municipios del país (29%) no hubo homicidios durante el 2020.

En cuanto a la protección de líderes sociales, comunales y defensores de DDHH, las acciones se adelantan de manera integral. De un lado, el desmantelamiento de grupos armados organizados (GAO) y de grupos delincuenciales organizados (GDO), como residuales de Farc, Eln, Clan del Golfo, Pelusos; con persecución de la Fuerza Pública, investigaciones penales, imputaciones y órdenes de captura, al tiempo que se refuerza la presencia institucional con programas de inversión social y articulación entre todas las entidades nacionales y entidades territoriales.

En el informe del año 2020 sobre homicidios contra líderes y defensores, se documentó que 66 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron víctimas de homicidios por cuenta de su labor, según datos de la Fiscalía General de la Nación y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y que otros 63 casos se encuentra en proceso de verificación, en hechos ocurridos principalmente en los municipios donde se registra el mayor accionar criminal de los grupos armados ilegales.

La Consejera Nancy Patricia Gutiérrez destacó el trabajo riguroso y técnico de ACNUDH, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia de la COVID-19 y agradeció el acompañamiento que le ha brindado al Gobierno Nacional en una tarea en la que el Estado trabaja articuladamente en un objetivo común: el respeto y la protección de los derechos humanos de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos.

Según los datos del informe, las víctimas de los 66 homicidios, verificados como ocurridos en razón a su labor, se presentaron en 48 municipios, lo que equivale al 4,2% del total de los 1.122 municipios, y los departamentos con mayores afectaciones son Cauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, territorios en donde se presenta la disputa entre grupos dedicados al narcotráfico y a la explotación ilícita de minerales.

Al respecto, la Consejera Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que “a pesar de la pandemia del COVID-19, se ha fortalecido el trabajo, de manera particular con las juntas de acción comunal, pues en un universo de alrededor de 7,5 millones de personas afiliadas, de las cuales el 60% está en las zonas rurales, es la tipología de liderazgo, más afectada.

También reiteró el compromiso del Presidente Iván Duque en el fortalecimiento de las estrategias de protección individual de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos, que a través de la Unidad Nacional de Protección cobija a 3.768 líderes y defensores con medidas especiales, que constituye el 50% del total de protegidos”, dijo la Consejera.

La justicia es la garantía para el ejercicio del liderazgo

Para la Consejera Presidencial Nancy Patricia Gutiérrez, el avance en el esclarecimiento de homicidios y la aplicación de justicia, así como el desmantelamiento de las estructuras criminales tiene un efecto de no repetición y se convierte en la garantía para el ejercicio del liderazgo y de defensa de los DDHH.

Recordó que, de los 31 delincuentes relacionados en la lista del ‘Cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos’, creada por el Ministerio de Defensa, el año pasado fueron abatidos 3 criminales y capturados otros 14, logrando una efectividad del 54,8%.

De la misma forma, destacó la labor de la Fiscalía con el esclarecimiento del 62,74% de los homicidios y el impulso del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, para la creación de 11 juzgados penales especializados, con inversiones por 25.000 millones de pesos para el funcionamiento en los próximos dos años.

El Gobierno cuenta con un conjunto de políticas para enfrentar a los GAO y los GDO, tales como la política de defensa y seguridad nacional; la política de protección integral y garantías; la política criminal; la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, y el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de DDHH.

Además de la contundencia contra las estructuras criminales y los avances en materia de justicia, se sigue trabajando en la consolidación de la institucionalidad del Estado en las regiones más afectadas por la violencia. Al respecto, vale destacar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la estrategia Zonas Futuro, los cuales resultan claves para el respeto y protección de los líderes sociales, dado que sin ello las cifras de homicidios hubiesen sido un 27% mayores, según estimaciones del Sistema Nacional de Información en DDHH.​​

Informe anual 2020 de homicidios contra líderes sociales y defensores/as de Derechos Humanos en Colombia.


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