En noviembre de 2010, organizaciones e instituciones de la sociedad civil, el Gobierno Nacional, instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación, además de representantes de la Comunidad Internacional, firmaron la Declaración Conjunta de Derechos Humanos y DIH, comprometiéndose a impulsar un proceso participativo de construcción de la política pública nacional de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Esta política pública obtiene legitimidad de su construcción participativa tanto a nivel nacional pero, principalmente, a nivel regional y local. Para lograr este objetivo, se promoverá la realización de amplios procesos de interlocución, discusión y análisis en cada uno de los 32 departamentos del país y en las regiones del Magdalena Medio, Urabá y en la ciudad de Bogotá. En estos procesos territoriales se realizarán Foros Departamentales en los que las organizaciones sociales y las autoridades estatales territoriales podrán socializar y debatir sus propuestas de contenidos e insumos para la política pública de derechos humanos y derecho internacional humanitario, con el acompañamiento de la comunidad internacional.
En cada departamento y región se está promoviendo el establecimiento de comités de impulso conformados por organizaciones sociales e instituciones estatales, que tendrán a cargo el impulso del proceso, la organización de los espacios de deliberación y el seguimiento a los compromisos establecidos en los foros, con el fin de garantizar un proceso democrático, participativo e incluyente.
En los departamentos Atlántico, Boyacá, Nariño, Quindío, Tolima, Caldas, Sucre, Cesar y Magdalena ya se han conformado comités de impulso. El primer foro se realizó en el Atlántico los días 1 y 2 de septiembre del presente año. Los siguientes foros se realizarán en Quindío (8 y 9 de noviembre) y Boyacá (24 y 25 de noviembre).
Colombia necesita con urgencia una política pública en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que a partir de las responsabilidades del Estado sea el marco de actuación coordinada de todas las instituciones gubernamentales y estatales, y permita que todos los colombianos y colombianas gocen plena y efectivamente de sus derechos.