Estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política
criminal respetuosa de los derechos humanos

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Hacía una política criminal respetuosa
de los derechos humanos

La política criminal desempeña un papel importante en la dinámica delictual de todas las sociedades.  Por lo tanto, debe adoptar respuestas para “hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.”

Este mecanismo de control debe estar ajustado a condiciones legales, que respeten las garantías constitucionales y a su vez consigan la prevención del delito y mantengan el control de la criminalidad, bajo la garantía de la protección de los derechos fundamentales, junto con la resocialización de las personas privadas de la libertad.

En Colombia, la Corte Constitucional profirió las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, donde presentaba el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos. Este sitio web da cuenta de las indicaciones de la Corte Constitucional en dichas sentencias, entendiendo que el respeto por los derechos humanos es la guía para toda actuación del Estado.

Por eso, la finalidad de este espacio es brindar los elementos básicos señalados en el estándar constitucional, para que sean tenidos en cuenta cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que se relacionen con la formulación y el diseño de la política criminal, el funcionamiento del sistema de justicia penal y/o el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.

Con lo anterior, se pretende que la política criminal en Colombia sea reflexiva, coherente, acorde con una política social y de seguridad, de manera que contribuya a la protección de la sociedad, de los bienes jurídicos y colectivos de la comunidad, y a la garantía y respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, para lograr como fin último la resocialización.

¿En qué consiste la política criminal? 

Se entiende la polÍtica criminal como el conjunto de respuestas que el Estado adopta para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.

Este conjunto de respuestas puede contener varios componentes:

*Jurídico
  Reforma a normas penales.
*Económico.
  Creación de incentivos para estimular un determinado  
  comportamiento o desincentivos para incrementarles los
  costos a quienes realicen conductas reprochables.
*Cultural. 
  Campañas por los medios masivos de comunicación para
  generar conciencia sobre las bondades o consecuencias
  nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave
  perjuicio social.
*Tecnológicas. 
  Emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento
  científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de
  una conducta típica.

El Gobierno Nacional está comprometido con que los procesos de diseño, formulación, desarrollo y evaluación de la política criminal estén fundados en el respeto hacia los derechos humanos.  

1)  La política criminal debe tener un carácter preventivo.
 

2) La política criminal debe respetar el principio de la libertad personal.
 

3) La política criminal debe buscar la resocialización de los condenados.

4) Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales. 

5) La política criminal debe estar sustentada en elementos empíricos.
 

6). La política criminal debe proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

7). La política criminal debe ser sensible a los sujetos de especial protección constitucional. 

8). La política criminal debe ser coherente.  



9). La política criminal debe ser sostenible. 



Fijado así el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos y teniendo en cuenta que deben fortalecerse las acciones que garanticen las condiciones mínimas que respeten, protejan y garanticen los derechos fundamentales de las personas allí recluidas, es necesario reiterar que las entidades del Estado, sin importar la rama a la cual pertenezcan, deben tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar un uso indebido o excesivo de las medidas de aseguramiento que impliquen la privación de la libertad de una persona. Todo esto como parte de una política criminal y carcelaria respetuosa de un Estado Social Democrático de Derecho.