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Cumpliendo el compromiso unilateral adquirido por el Estado tras el Examen Periódico Universal (EPU), Colombia presenta informe sobre los progresos en las recomendaciones y compromisos voluntarios.
Bogotá, 11 de jun.
Dentro de los avances descritos en el informe se destaca la invitación y concertación hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o Arbitrarias y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos.
También se extendió invitación al Relator Especial sobre la situación de los derechos y las libertades fundamentales de los indígenas y al Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados.
En el informe sobre los avances participaron todas las entidades que adquirieron compromisos frente al EPU. Las recomendaciones y compromisos voluntarios se centran en la cooperación internacional, el Plan Nacional de Acción en derechos humanos, derechos civiles y políticos, justicia y lucha contra la impunidad, poblaciones vulnerables y derechos económicos sociales y culturales.
En relación con la recomendación de dar prioridad al “número de personas desmovilizadas o capturadas frente al número de bajas”, el documento señala que se ha continuado la sensibilización sobre las directivas del Ministerio de Defensa relacionadas con este tema. Los resultados del 2008 demuestran que la meta se está logrando. Los resultados del 2008 demuestran que la meta se está logrando; esto dice el informe: “los incentivos adecuados dentro de la lucha contra el crimen armado: durante el 2008 se desmovilizaron 3.461 integrantes de grupos armados ilegales y se capturaron 2.485, mientras que se abatieron en combate 1.184”.
El informe también hace referencia al combate a las bandas criminales y registra que en lo que va corrido del 2009 se han capturado a 963 integrantes de esos grupos y han muerto en combate 20.
En cuanto a las garantías para los defensores de los derechos humanos, el informe destaca la concertación de una estrategia entre el Estado y las organizaciones civiles que consiste en la instalación de una mesa nacional de garantías y 14 mesas regionales para establecer un diálogo sobre este tema: “fortalecer el proceso de interlocución nacional y regional, avanzar en la construcción de acuerdos y hacer seguimiento a los compromisos del Gobierno”, indica el informe.