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La Política de Lucha Contra la Impunidad en casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, busca fortalecer la capacidad de las entidades estatales encargadas de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estas conductas y empoderar a las víctimas para que ejerzan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

¿Cuál es su objetivo?

Superar los obstáculos que impiden o dificultan el esclarecimiento de los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, la sanción de los responsables y la reparación de sus víctimas. Este propósito, implica mejorar las actuales organizaciones, prácticas y procedimientos para conocer la ocurrencia de las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, promover el esclarecimiento de estos casos, sancionar a los responsables y establecer medidas de reparación.

¿Quiénes participaron en la formulación de la Política?

El Programa Presidencial de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y de Justicia, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Este proceso contó con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH en Colombia.

¿Cuáles son los antecedentes de la Política de Lucha Contra la Impunidad?

El Decreto 2429 de 1998 “Por medio del cual se crea el Comité Especial de Impulso y Seguimiento a las investigaciones de violaciones de derechos humanos”; la estrategia de cooperación institucional desarrollada en el año 2001 encaminada a impulsar una serie investigaciones por violaciones a los DDHH y al DIH; y el acuerdo de cooperación internacional “Bases para una estrategia de gestión y coordinación interinstitucional de lucha contra la impunidad por las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH”, suscrito en julio de 2003 entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Real de los Países Bajos.

La Política fue adoptada el 22 de noviembre de 2005 por el Comité Especial de Impulso y Seguimiento (CEI) y el 6 de marzo de 2006 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) a través de su documento 3411. La Política define el marco estratégico, los principios, las bases del esquema de seguimiento y evaluación y los recursos presupuestales necesarios para adelantar los proyectos asociados a sus objetivos. Para su ejecución cuenta con recursos del Presupuesto General de la Nación y de cooperación internacional del Reino de los Países Bajos y la Unión Europea.

¿Cuáles son las entidades encargadas de la ejecución de la Política?

Participan en la ejecución de la Política de Lucha Contra la Impunidad: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Vicepresidencia de la República a través del Proyecto de Lucha Contra la Impunidad.

 

Proyecto de Lucha Contra la Impunidad

¿Qué es el Proyecto de Lucha contra la Impunidad - PLCI -?

El Proyecto de Lucha Contra la Impunidad por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH (PLCI), es liderado por el Programa Presidencial de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República.

El PLCI es responsable de ejecutar nueve de los proyectos incluidos en la Política y de coordinar el seguimiento y evaluación a la ejecución de la misma.

Con el fin de promover acciones que garanticen un adecuado empleo de los recursos disponibles y otorgue a las víctimas una atención integral, el Proyecto se constituye en un ente que facilita el dialogo entre las entidades involucradas en la ejecución de la Política.

¿Qué recursos se utilizan para su funcionamiento?

El –PLCI- cuenta con recursos presupuestales de la cooperación del Reino de los Países Bajos, a través del proyecto “Apoyo a la Implementación de la Política Pública de Lucha Contra la Impunidad”.

 

Ejes y proyectos de la Política

La política se ha configurado alrededor de cuatro ejes estratégicos, cada uno de los cuales contiene una serie de proyectos dirigidos a solucionar una problemática específica y a atender el cumplimiento de los objetivos de la Política relacionados.

El primero de ellos, “Desarrollo institucional y organizacional”, busca dinamizar el Sistema de Justicia Penal y el Sistema de Control Disciplinario para garantizar el avance efectivo de los procesos de investigación y sanción a través de la incorporación de innovaciones en materia de información, coordinación institucional y provisión de herramientas de protección, que garanticen la autonomía de los operadores judiciales. Este eje se encuentra compuesto por nueve (9) proyectos.

Un segundo eje estratégico de la política, “Gestión de recursos, especialmente desarrollo de los recursos humanos”, tiene como objetivo la identificación de necesidades que tanto el Sistema de Justicia Penal como el de Control Disciplinario tienen de recursos físicos, financieros y principalmente humanos. Está conformado por cinco (5) proyectos.

El tercer eje, “Atención a víctimas y testigos”, busca promover el acceso de las víctimas y testigos de casos por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en los procesos de investigación, juzgamiento, sanción y reparación, a través del desarrollo de prácticas y condiciones, que permitan el reconocimiento de las víctimas y testigos, y faciliten su participación en los procesos judiciales. Por otra parte, involucra a las víctimas en su proceso de reparación y contribuye a la restauración del tejido social como presupuesto fundamental para evitar el fenómeno de la re-victimización. Este eje se desarrolla a través de dos (2) proyectos.

El cuarto eje “Condiciones operativas específicas para la investigación, juzgamiento y la sanción”, se concentra en el desarrollo de procesos y prácticas operativas concretas para la investigación y sanción de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Así mismo, busca asegurar el cumplimiento de la programación de diligencias y actividades de investigación y sanción, garantizar la ejecución oportuna de las órdenes de captura por delitos relacionados con violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, proporcionar garantías de seguridad y condiciones de movilidad suficientes a comisiones de investigación, y asegurar servicios oportunos de defensa técnica para los presuntos responsables de violaciones de DDHH e infracciones al DIH en incapacidad económica o social para proveérsela. Contiene ocho (8) proyectos.

Grupo de Trabajo Ampliado

Es el órgano conformado por instituciones con competencias en la investigación, juzgamiento y sanción de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, al cual se le asignaron las funciones de seguimiento a la Política de lucha contra la impunidad y el impulso de casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

Este Grupo tiene como propósito tomar acciones y generar recomendaciones, en consenso y como Estado, que permitan efectuar un adecuado seguimiento a lo establecido por la Política e impulsar de manera eficiente los casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH sometidos a su conocimiento. Concurren de manera permanente en el: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y de Justicia y el Proyecto de Lucha Contra la Impunidad de la Vicepresidencia de la República (quien además presta sus oficios como secretaría técnica). Adicionalmente, es dable la participación de cualquier ente del Estado que mantenga un interés en el debido desarrollo de la Política.